En la segunda jornada, dos hijos del mandatario abogan por él; secretario de Estado habla desde Israel y Melania, la primera dama, da discurso en la Casa Blanca.
La frontera entre partido y gobierno es inexistente para Donald Trump y su administración.
La convención republicana está dejando claro que el presidente no tiene ningún problema en que tanto él como funcionarios usen las ventajas de estar en el poder para su interés electoral, lo que ha levantado críticas éticas e incluso dudas sobre la legalidad de sus acciones.
Con la pandemia del coronavirus imposibilitando una convención política, en un estadio repleto de gente, Trump no ha tenido ningún reparo en utilizar la Casa Blanca como escenario de sus primeras apariciones en el cónclave republicano, edificio federal que no debería usarse con fines políticos.
Este martes, en la segunda jornada de convención, usó la residencia presidencial, su actual cargo y a su familia como activos. En medio del acto proselitista, Trump dio a conocer su decisión de otorgar el perdón presidencial a un exconvicto afroamericano por el robo de un banco que empezó en una iglesia al salir de prisión, con el único fin de aprovecharlo con fines políticos.
En su segunda aparición de la noche, el mandatario presidió un acto de naturalización de cinco inmigrantes en uno de los salones de la Casa Blanca, con la participación del secretario de Seguridad Nacional interino, Chad Wolf.
La administración Trump era consciente de los problemas éticos e incluso legales que podría suponer todo eso y varios reportes de prensa aseguraban que todos los actos y discursos fueron revisados por abogados. Si bien la ley exime al presidente y al vicepresidente del cumplimiento de no participar en actos políticos, no sucede lo mismo en el caso de otros funcionarios.
Como Mike Pompeo, secretario de Estado y uno de los platos fuertes de la jornada, quien aprovechó su viaje oficial a Israel para conectar con la convención. Nunca en la historia un jefe diplomático había intervenido en un acto político de este calibre, violando claramente la conocida ley Hatch sobre la participación de empleados federales en actividades políticas.